Carlos Andrés Pérez: 2 de Febrero de 1989 – 20 de Mayo de 1993 (segundo período)

        A los pocos días de haber asumido por segunda vez la Presidencia de la República, Carlos Andrés Pérez anunció un programa de fuertes ajustes económicos, provocando el llamado “Caracazo”. Su enorme popularidad quedó liquidada en sólo tres semanas, y su gobierno pudo mantener sólo gracias a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas Nacionales.

        El 27 de febrero de 1989, desde temprano en la mañana, se produjeron fuertes disturbios en Guarenas y varios barrios de Caracas, que degeneraron rápidamente en saqueos, movimiento que se conocerá como “El Caracazo”. Las autoridades policiales se vieron rebosadas, pero el alto gobierno sólo reaccionó en la noche del 28 el ejército fue activado para reprimir los numerosos movimientos de insurrección. Se decretó toque de queda y suspensión de garantías constitucionales por diez días. El balance oficial de estas jornadas registró 300 muertos, pero fueron muchísimos más. El detonante de esta explosión social había sido el aumento de las tarifas del transporte y el acaparamiento de productos de primera necesidad por parte de comerciantes inescrupulosos, en espera de que entrara en vigencia la anunciada liberación de precios. La motivación profunda fue la frustración acumulada por una sociedad sin justicia social, prosperidad económica y democracia real.

       Carlos Andrés Pérez decide separarse de su partido Acción Democrática y la visión populista de sus dirigentes, rodeándose de un equipo de jóvenes tecnócratas para impulsar su programa de ajustes, sin tomar en cuenta los factores políticos y hasta psicológicos de una sociedad en crisis. Se fomentó la privatización parcial de la industria petrolera, la privatización total de varias empresas del Estado (VIASA y CANTV entre otras), y toda una serie de medidas como la implantación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El impacto inicial de este paquete económico produjo una contracción económica, una inflación de 85%, y el desempleo de 10% de la población laboral.

       Pensando en poder neutralizar a la opinión pública, el gobierno recurrió a la ya usada táctica de denunciar la corrupción del gobierno anterior. Pese a que dejó filtrar en los medios de comunicación datos determinantes sobre la extrema corrupción el período lusinchista como el otorgamiento irregular de dólares preferenciales a través de RECADI, de donde hubo un solo preso, el incauto Ho Fuk Ching, conocido como “el chinito de Recadi”, donde una vez más se impuso la impunidad en una sociedad de cómplices, delitos sin delincuentes tanto en el sector público como en el sector privado.

       Este segundo gobierno de Pérez r significó un alivio para la prensa. Una de sus primeras decisiones fue eliminar RECADI, y así desapareció ese efectivo aparato de presión sobre los medios. A su vez, con la política de privatización, el Estado se fue haciendo menos poderoso, y en consecuencia, comenzó a perder su capacidad de influir sobre la prensa, radio y televisión.

         Lentamente, ganaban espacio las libertades de informar y de opinar. El Nacional abrió una serie que tituló “La agenda secreta de RECADI”, que aunque no se puede mostrar como típico ejemplo de periodismo investigativo, porque fue fundamentalmente receptor y difusor de denuncias, puso al descubierto la enorme corrupción escondida con la asignación de dólares preferenciales.

        Un “plan de asistencia a los medios” que comenzó a ejecutarse desde la Oficina Central de Información, y que se orientaba a proteger a los diarios del interior, sólo duró dos años. A fines febrero de 1989 se produjeron hechos de violencia en Caracas y otras ciudades. El gobierno suspendió las garantías constitucionales, aunque no hubo censura a los diarios; la radio y la TV fueron más comedidos al informar sobre esos hechos.

         Durante los tres primeros años no hubo problemas con la prensa, aunque si hechos que fueron considerados prohibitivos al ejercicio del periodismo, entre los cuales hubo denuncias concretas sobre intervenciones telefónicas. En diciembre hubo un debate en la Cámara de Diputados sobre la materia, sin mayores proyecciones ni trascendencia.

       El 4 de febrero de 1992 hubo un intento de derrocar al gobierno, mediante acciones del “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200”, dirigido por el comandante Hugo Chávez. Desde entonces, todo comenzó a cambiar en Venezuela.

         Otra vez fueron suspendidas las garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión. Durante los primeros días hubo censores en algunos medios, que dejaron espacios en blanco para evidenciar la acción de la censura y expresar su protesta. Ediciones de las revistas Élite y Zeta, y después por partes una de El Nacional, fueron decomisadas, y fue cerrada la emisora YVKE Mundial. El 25 de febrero hubo un paro de prensa, ya restituidas las garantías, organizado por el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con éxito parcial. Ni el Bloque de Prensa, ni los organismos empresariales de Radio y de TV, emitieron declaración alguna.

       El 27 de noviembre del mismo año hubo otro intento militar de derrocar al gobierno del Presidente Pérez, otra vez se suspendieron las garantías, pero exceptuadas las medidas contra Radio Rumbos el mismo día 27, no hubo censura. El 18 de mayo de 1993 fue recogida una edición de El Diario de Caracas por un título contra los rumores de autogolpe, y el editor de El Nuevo País, Rafael Poleo, se autoexilió en Estados Unidos para burlar un auto de detención.

       Fueron tiempos convulsivos, se duplicaron las protestas de calle. Se demandó la renuncia del Presidente Pérez. La mayoría de los medios reflejaba ese estado de situaciones. El 24 de septiembre de 1992, Pérez declaró que “algunos medios de comunicación no se dedican a la labor de información o a la crítica cívica, como corresponde a la democracia, sino que se han convertido en sectas políticas, que se dedican a vulnerar a los dirigentes institucionales del país, denigran del Presidente, del Congreso, de los Tribunales, de los partidos y de los dirigentes en diversos ámbitos del quehacer nacional, tratando de concitarles el odio público”

        Cambio de Presidente

          1992 fue un año donde quedó demostrado el enorme poder obtenido por la prensa y los otros medios, llenaban el vacío dejado ante el desprestigio de los partidos, de los sindicatos, de la administración de justicia, asociado a sus denuncias contra la corrupción impuse. El Congreso había reanudado en junio la discusión del proyecto de reforma a la Constitución Nacional, y en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de artículos sobre la libertad de expresión, que, entre otras prácticas, establecía el derecho a réplica y limitaba la propiedad de los medios de comunicación.

          Lo que originó una reacción de los propietarios de los medios, de sus organismos empresariales y una sostenida campaña, apenas con oportunidad para que se conocieran otras opiniones, denunciando el proyecto como un intento de “ley mordaza”. El Bloque de Prensa Venezolano emitió una declaración saludando la presencia en Caracas de misiones de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Asociación Internacional de Radiodifusión, donde alertaba sobre “la inminencia de una censura a la libertad de expresión en Venezuela, que quedaría además consagrada en la Constitución de la República”. La opinión pública fue convencida de que el proyecto atentaba contra la libertad de expresión. El Congreso, impotente, debió engavetar la materia.

         También en este gobierno existía un entorno presidencial, dominado por Cecilia Matos, y en el que se contaban hasta vendedores internacionales de armas. La denuncia en los medios de comunicación de esos grandes negocios fraudulentos debilitó aún más la autoridad de Pérez, así como sus continuos viajes al exterior; en tres años realizó casi 40 viajes oficiales a varios países latinoamericanos, a Estados Unidos y Europa.

          El descontento general se expresó en constantes disturbios estudiantiles, un paro general organizado por la CTV, numerosas manifestaciones de gremios profesionales y hasta de jubilados y pensionados.

         En ese contexto, los dos intentos de golpe de Estado que se dieron en 1992 suscitaron simpatías y precipitaron una gravísima crisis, el del teniente coronel Hugo Chávez Frías, el 4 de febrero y el del contralmirante Hernán Gruber Odremán, el 27 de noviembre.

        Ante el proceso de descomposición política y la fuerte presión de la opinión pública, las instituciones del Estado (Fiscalía General, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional) buscaron una salida política, abriendo un juicio por malversación de fondos públicos contra el presidente de la República, con el fin de destituirlo.

         Así es como Carlos Andrés Pérez electo por más de la mitad de la población votante para un quinquenio que debía culminar en 1994 tuvo que separarse de su cargo el 20 de mayo de 1993. Siendo el primer presidente de la República destituido institucionalmente, asumiendo las consecuencias de enjuiciamiento y detención domiciliaria.

            Conforme a la Constitución, el presidente del Senado sustituyó provisionalmente al presidente de la República. Se trataba de Octavio Lepage, uno de los viejos dirigentes de Acción Democrática. Luego, el 15 de junio el Congreso designó en la Presidencia de la República a Ramón J. Velásquez, veterano intelectual, cercano a Acción Democrática y sus anteriores gobiernos. En los cinco meses que siguieron, los medios de comunicación seguían denunciando la corrupción reinante, la tensión política se agravaba, el desgaste irremediable del sistema ya era inocultable.

        Aun así dentro de un país lleno de conflictos, con durezas sociales y riesgos de golpe militar, pudo conducir al país hasta las elecciones del 5 de diciembre de ese año, y entregar el poder al nuevo Presidente, Dr. Rafael Caldera.

         Al mismo tiempo, desde la cárcel, crecía la figura carismática del teniente coronel Hugo Chávez, supliendo inevitablemente la ausencia de una alternativa civil organizada, verdaderamente democrática.

       12 nuevos diarios

En estos cinco años, hasta 1994, continuó el crecimiento de la prensa regional. Aparecieron otros 12 diarios, 6 de ellos en el oriente del país, y entre éstos, cuatro en Anzoátegui. No hay ningún estado que no tenga al menos un diario. En Caracas fueron fundados otros dos tabloides, uno especializado, Economía Hoy, y El Globo, con una característica en común, en la que sus fundadores debieron venderlos a grupos de la banca.