Jaime Lusinchi, nace en Anzoátegui el 27 de mayo de
1924, fue presidente durante el periodo 1984-1989, bajo el lema de un gobierno de
sensibilidad social Jaime Lusinchi es electo presidente de Venezuela con el
56,72% de los votos, se destaca las relaciones extramaritales con su
secretaria privada Blanca Ibáñez el cual provoca una denuncia en los
medios trayendo todo esto un gran escándalo y allí el papel fundamental que
desempeñaron los medios de comunicación en su gobierno, ya que se ejerce presiones
para silenciarlos con respecto a ciertas informaciones que
incomodaban al presidente, hubo chantajes en la entrega de dólares, régimen
cambiario diferencial RECADI que requerían los medios para la compra de
materiales, y en 1986 suspende el programa Primer
Plano de Marcel Granier y dos columnas de José Vicente Rangel y Alfredo Torres,
también fueron denunciados El Nacional,
al director del Religión en Cumaná
le dieron una golpiza y al diario El
Vigilante de Mérida le lanzaron una bomba, ocurriendo todos estos
escenarios por el escándalo de su divorcio y otros.
Una excelente propaganda electoral,
basada en el lema “Jaime es como tú”, logró la victoria impetuosa de Jaime
Lusinchi, ya que el 56% de los electores se sintieron identificados por su candidatura.
Ningún gobierno de la democracia definida había logrado tanto apoyo popular. A
esto se agregaba el control del Congreso Nacional con casi 50% de los
parlamentarios, y de los municipios con 66%.
Esta época se conoce como la
“aplanadora adeca”, el gobierno depuso a una serie de altos funcionarios del Banco
Central, PDVSA, entre otros, suspendió los pactos asociativos con COPEI,
condicionó la libertad de información mediante el control de cambio al impedir
la libre adquisición de costos para la industria de la información y llegó a
ordenar palizas y otras represalias contra articulistas y periodistas que
criticaban las prácticas del entorno presidencial.
También se cometieron las masacres de
campesinos en Cantaura, Yumare y El Amparo, a manos de grupos militares. Aún
así, la imagen positiva que el nuevo presidente había alcanzado forjar durante
su campaña electoral pudo mantenerse durante gran parte de su gobierno, gracias
a una diestra propaganda oficialista y también con medidas como el bono de
transporte para los trabajadores de menor ingreso, la multiplicación de
comedores, becas para escolares y atención escolar.
Se destaca la reducción del gasto
público, la reestructuración de la Administración pública, el inicio de un
proceso de privatización de algunas empresas estatales deficitarias, la
diversificación económica mediante créditos para el desarrollo agrícola y para
la modernización industrial, pero no pasaron de ser solo anuncios.
Se concretó la creación de una Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), que durante varios años y con
amplias consultas, estableció los lineamientos para “un Estado moderno,
democrático y eficiente, con participación ciudadana”. Unas pocas reformas
empezaron a aplicarse, pero de manera muy dosificada ya que los partidos se
rehusaron a perder sus privilegios. Iba ensanchándose así una brecha
irreparable entre la sociedad civil y la llamada “partidocracia”.
Tras firmar un refinanciamiento de la
deuda externa dañoso para la Nación, Jaime Lusinchi trató de justificarte
aduciendo que había sido “engañado por la banca”. A esto se agregó la demanda
de divorcio planteada por su esposa, Gladys Castillo, la abierta injerencia de
Blanca Ibañez (su secretaria privada y posterior esposa) en los asuntos del
gobierno, todo lo cual contribuyó a deteriorar la imagen positiva tan
costosamente cultivada.
Desviando la atención de la opinión
pública, empezaron a filtrarse en los medios de comunicación revelaciones
acerca de las numerosas prácticas de corrupción del gobierno anterior. También
se aprovechó cierta efervescencia anticolombiana.
Lusinchi había iniciado su gobierno
pidiendo al pueblo que no lo dejara ser “un pobre presidente solitario”. Al
final de su mandato, subsistían los mismos problemas: crisis fiscal, deuda
externa acumulándose, corrupción administrativa desembozada, crisis agrícola,
colapso de los servicios públicos e incesante aumento de los niveles de
pobreza.
Desde
la dictadura de Pérez Jiménez nunca se restringió tanto la libertard de informar
y de opinar como durante el gobierno de Lusinchi.
Con
excepciones, no se utilizaron métodos violentos ni represivos. Pero, el 16 de
septiembre de 1987 fue decomisada “por personas desconocidas” la edición del
confidencial Reporte Privado.
Desde
los altos niveles del poder se ejercieron presiones sobre los medios para
silenciarlos con respecto a diversas cuestiones que incomodaban al Presidente
de la República y a su más íntimo entorno. Estas presiones fueron posibles
mediante el chantaje. De este modo, el gobierno administraba la entrega de
dólares a través del Régimen de Cambios Diferencial (RECADI), que requerían los
medios de comunicación para adquirir en el exterior insumos, como el papel,
tinta, películas, y maquinarías y equipos. Comprar con dólares libres elevaba
en un 100% los precios.
(…) es el
instrumento de control de la sociedad más poderoso de que ha dispuesto ningún
gobierno. Ni la dictadura de Juan Vicente Gómez llegó en sus tiempos más negros
a disponer de la décima parte de poder que representa el régimen de cambio
diferencial.
(Marcel
Granier, El Diario de Caracas, 10
septiembre 1987)
También
las humillaciones que recibía la primera dama, la doctora Gladys Castillo de
Lusinchi, y todo lo relacionado con el divorcio, no podían ser divulgados, lo
que generó la clandestina circulación de fotocopias de documentos del juicio y
de publicaciones extranjeras que se ocupaban del tema.
El Universal, en
editorial de “Amadis” (Dr. Luis Teófilo Núñez) del 12 de noviembre de 1987
opinó que “Nos encontramos en uno de esos momentos difíciles de nuestra vida
periodística y nos preguntamos ¿Abrimos las compuertas a los chimes de palacio
con el gran dato que ello puede causar a la nación? o ¿nos abstenemos de ello
corriendo el riesgo de aparecer intimidados?” y respondió: “Nuestra
responsabilidad con el país nos aconseja
lo segundo, la que tenemos con nuestros lectores nos obliga a la primera”, y
optó por la segunda. Un día después, el director de El Nacional, Alberto Quirós Corradi, refutó tales planteamientos
(“Nadie tiene derecho exclusivo a definir el interés nacional”) y propuso un
debate “sobre si los propios medios deben silenciar información porque ésta
pueda colidir con el interés nacional”, debate que murió de nacer. N. Arismendi
no aceptó el reto.
Entre
mayo y octubre de 1988 el editor José Agustín Catalá con su sello de El Centauro hizo circular tres
volúmenes bajo el título de EL DIVORCIO DEL PRESIDENTE con el siguiente
contenido:
1.-
Sentencia en Primera Instancia.
2.-
Graves denuncias de la Primera Dama.
3.-
Recurso de Casación de la demanda.
En
la presentación se escribe: “Rodeado de la más absoluta confidencialidad y del
más misterioso silencio, este proceso fue conocido en Venezuela por el
comentario miedoso, el rumor y las copias subrepticias de las demandas, hechas
de prisa con la complicidad de las fotocopiadoras. El país, en su mayoría,
participó en aquel juego de clandestinaje, donde daba la impresión de estar
viviendo la época de terror de la última dictadura.
Desde
el 18 de diciembre de 1986 en que data el escrito inicial invocando la larga
ruptura de la vida en común, y la solicitud de un fiscal del Ministerio Público
solicitando dar por terminado el procedimiento de divorcio por el artículo
185-A del Código Civil y archivar el expediente, a ese primer intento de
disolución absoluta del vínculo matrimonial se agregaron ingredientes extraños,
de carácter político y supuestamente moral, que tergiversaron la verdad
procesal.
Para
romper con ese velo de misterio que rodeó las incidencias, el editor recogió
documentos con la posición de ambas partes, a excepción de las manifestaciones
de respetables sectores conservadores de la sociedad, y del clero, que durante
todo el proceso mantuvieron un silencio complaciente ante los altares palaciegos
y sus oficiantes”.
En
mayo de 1985, 16 editores de prensa regional denunciaron en la Cámara de
Diputados presiones de Corpoindustria para el suministro de papel, en octubre
fueron decomisadas revistas que escribieron verdades sobre la visita del
Presidente Lusinchi a Madrid que no dijeron los cables ni la prensa venezolana;
en junio de 1986, fue suspendido el programa de TV “Primer Plano”, y dos columnistas de El Diario de Caracas, José Vicente Rangel y Alfredo Tarre Murzi
debieron parar sus colaboraciones; en febrero de 1987, Lusinchi anunció la
presentación al Congreso de un proyecto de ley “para proteger el honor, la
reputación y vida privada”, que sólo tuvo el apoyo del editor de El Universal, Dr. Luis Teófilo Núñez
Arismendi el 26 febrero 1987; Carlos A. Ball, quien había sido director general
de El Diario de Caracas, denunció El
Nacional, 3 de agosto de 1987, el editor del diario La Región, de Cumaná, Luis Marcano Barrios, denunció ante la
Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, la suspensión de la pauta
publicitaria del gobierno del estado Sucre, el estallido de dos bombas en el
taller del diario, y una golpiza que le dieron a él, por informar sobre el
divorcio del Presidente; circula, fechada el 16 de octubre de 1987, comunicación
de la Juez María José de Villarroel impidieron a la prensa que informara del
mencionado juicio; el 10 de noviembre, la esposa del presidente de la
República, ofreció una rueda de prensa a la que asistieron 73 periodistas de
unos 40 medios pero sólo El Nacional,
Panorama y El Impulso informaron; el 20 de agosto de 1988 fue lanzada una
bomba contra el local del diario El
Vigilante, de Mérida, que el día antes había publicado un editorial sobre
las relaciones del Presidente con su secretaria privada, acto del cual la
policía no averiguó nada; al diario El Expreso, de Ciudad Bolívar le
suspendieron las pautas publicitarias de la Corporación Venezolana de Guayana,
en castigo por informaciones sobre corrupción.
Ningún
medio se atrevía a revelar esta situación. Después de presiones directas, The Washington Post el 10 de junio 1986
recogió la versión de Peter Bottome, ejecutivo del Grupo Phels, propietario de El Diario
de Caracas y del Canal 2. Solo El
Mundo el 14 de junio de 1986 en Caracas, reprodujo esa denuncia.
El Nacional, que
también se había privado el informar sobre los temas que incomodaban al
gobierno, dispuso enfrentar la situación con todos los riesgos ofreciendo la
verdad que se estaba ocultando y seguidamente sufrió las consecuencias, es
decir, sus solicitudes de dólares para adquirir papel se retrasaban exorbitantemente,
y hubo días en que dependió de otros editores para obtener papel. El presidente
del Bloque de Prensa, David Natera, alertó el 15 de junio de 1987 en el
programa de TV “En Confianza”, que
la situación de El Nacional era muy
crítica, y que colapsaría en septiembre si no atendías sus gestiones de dólares
para importar papel, y al día siguiente, entrevistado por Nelson Bocaranda en
el canal 4, dijo que “un uso irracional de la discrecionalidad que tiene el
gobierno para otorgar los dólares a los periódicos, constituiría una acción
directa represiva contra la libertad de expresión”, y recordó que el 90% de los
insumos de la prensa son importados.
Miguel
Henrique Otero, coeditor de ese diario, llevó el caso a la asamblea de la
Sociedad Interamericana de Prensa, el 11 de octubre de 1988, reunida en Salt
Lake City, junto a otras actuaciones contra la prensa: “El suministro de
divisas para la adquisición de papel de prensa, sigue siendo utilizado como
mecanismo de presión por parte del Ejecutivo Nacional. En la medida que el
gobierno considera que la línea editorial no es lo suficientemente amable a las
versiones oficiales, en esa medida la obtención de divisas para la compra de
papel en el exterior se dificulta por diversas vías.”
El
1 de octubre de 1988, El Nacional
publicó el texto de la denuncia; el 12 se declaró en ese diario que “nunca
desde la época de la dictadura de Pérez Jiménez se atropelló tanto la libertad
de informar”, y se criticó el silencio del Bloque de Prensa, de las Cámaras de
Radio y de TV, y del Colegio Nacional de Periodistas. 5 años después la
secretaria general del Bloque de Prensa, Luisa Sanz de Chiossone, reconoció que
RECADI representó “cinco años de terror para el periodismo y los medios… Lo de
RECADI fue manejado peor que una dictadura…” en La libertad de expresión en
Venezuela, coordinación de Luis Moreno Gómez, edición multigrafiada, Caracas,
septiembre, 1993.
A
ese diario también se le quitaron las páginas de avisos de RECADI, que
significan un volumen importante de ingresos por publicidad. Esa política no se
detuvo mientras estuvo el Dr. Jaime Lusinchi en la Presidencia, lo que afectó a
otros medios, como el Canal 2, cuyo programa “Primer Plano” salió del aire, y a la radio, cuyo programa diario de la Cámara que agrupa a los
radiodifusores, fue prohibido.
Algunos
medios estuvieron favorecidos por adquirir equipos o papel, y según informó el
editor de El Nacional, Franklin
White, hubo otro que recibió “dólares preferenciales por encima de su
presupuesto en el mismo período.”
Luego
se denunció que un editor había puesto a la venta papel que le había sobrado
del adquirido en ventajosas condiciones. La mayoría de la prensa guardó
silencio frente a estas presiones y restricciones. Incluyendo quien las negó.
Un
editorial de Rafael Poleo, editor-director de El Nuevo País, al día siguiente de una marcha de periodistas (CNP,
DF y SNTP) contra la censura y la por la libertad de prensa afirmó: “La verdad
es que hasta ahora, salvo las protestas, legítimas o no, de funcionarios
afectados por alguna publicación, y alguna rabieta presidencial que siempre se
ha canalizado por la vía jurídica, no tenemos en los últimos años qué lamentar
en la materia que se trata. Eso lo sabe la gente, que por algo mira marchar,
pero no marcha”. 24 de enero de 1988.
Nunca
se provocó una reprobación del Bloque de Prensa, ni de las Cámaras de TV y de
Radio. Guardaron un silencio cómplice. La SIP aprobó varias condenatorias en
1986, 1987 y 1988, casi siempre acompañadas de sus habituales críticas a la
colegiación de los periodistas. Todo a pesar de que, ha sido la época de más
presiones sobre los medios. Tony Bianchi, director de The Daily Journal, escribió en un artículo: “Sin duda alguna, el
peor período para la libertad de expresión en Venezuela en los últimos 10 años
se dio durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Utilizando el arma de
otorgamiento de dólares a una tasa preferencial para la adquisición del papel
periódico en el exterior, el gobierno de Lusinchi llegó a controlar casi por
completo la información periodística en Venezuela.”
En ese quinquenio aparecieron dos nuevos
diarios en Caracas y 16 en el interior, algunos que por razones políticas
fueron ayudados desde el gobierno, que en ese período entregó 636 millones de
dólares, incluidos 225 a los diarios del interior; pero la prensa en esos años
vivió bajo la sombra de RECADI, obligada a silenciar hechos de corrupción y
atropellos, sobre los cuales los lectores, el país, debían estar informados.
Desde los años de la reconquista de la democracia, desde el período de su protección
ante las intimidaciones golpistas o de la insurgencia de la izquierda, hasta el
más reciente de su deterioro, estos cinco años fueron los peores vividos por la
prensa.
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