domingo, 30 de noviembre de 2014

Gobierno del Dr. Rafael Caldera: 1969 – 1974


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La pacificación que inició modestamente en el período anterior, obtuvo un gran impulso durante el gobierno del Dr. Rafael Caldera. Apenas perduraban grupos armados cuando entregó el poder. Dicho proceso contribuyó a la estabilidad económica y social.

Rafael Caldera, quien fue abogado y político venezolano, nació el 24 de enero de 1916 en San Felipe. Realizando estudios primarios en San Felipe, para luego trasladarse a Caracas donde realiza el bachillerato en el colegio San Ignacio, del cual fue alumno fundador en 1923 y en el que permaneció hasta 1933. En 1931 ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1932 y 1934 fue secretario del Consejo Central de la Asociación de Juventudes Católicas Venezolanas y en mayo de 1936 colaboró en la fundación de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

Se destacó también como colaborador en el periódico El Nacional.

Fundó el partido de Acción Nacional (1941) y fue uno de los fundadores del COPEI. Candidato a la presidencia de Venezuela en 1947, 1958 y 1963, gano las elecciones en 1968, sustituyó a Raúl Leoni. El 2 de febrero de 1994 toma posesión de su cargo como Presidente de la República por segunda vez (en 1983 participó sin éxito), luego de romper con COPEI y crear una nueva organización política denominada Convergencia Nacional.

Rafael Caldera falleció en Caracas el 24 de diciembre de 2009.

La elección de Caldera tuvo un gran significado en la historia de la prensa venezolana. Ya que por primera vez un grupo editor llegó a un acuerdo con un partido (COPEI) y su candidato; a cambio de la apertura de las páginas de sus diarios y revistas con informaciones, opinión y publicidad. Resultaron electos Miguel Ángel Capriles senador, y ejecutivos de sus publicaciones, a otros cargos representativos. Esta asociación provocó la reacción de varios diarios, también inédita. Difícilmente informaron de la campaña de Caldera y COPEI, y no aceptaron artículos que los beneficiaran. Tal disposición causó la renuncia del Dr. Ramón J. Velásquez, director de El Nacional. El 1° de octubre 1968, lo hizo mediante carta porque se planteó “un conflicto entre mi manera de entender la función del Director y la línea editorial que proponían sus propietarios”.

Los tres diarios expresaron públicamente su posición:

El Nacional, La Verdad y Panorama juzgan oportuno informar a sus lectores que durante la presente campaña electoral se abstendrán de publicar en sus páginas colaboraciones de militantes o simpatizantes del partido COPEI, por cuanto han llegado a la convicción de que esa organización política ha celebrado un pacto electoral-publicitario de canje de curules por apoyo editorial, informativo y publicitario con una cadena venezolana de publicaciones, el cual convierte a un actor de la prensa nacional en fuerza electoral militante, negociación que está reñida con nuestros concepto de la vida democrática”.

“Advertimos a dirigentes y militantes de partido COPEI que en nuestras páginas no aparecerán, como no han aparecido, ataques injuriosos ni conceptos difamatorios que puedan lesionarlos personalmente, porque no es nuestra manera de entender la función y misión del periodismo.”

Los diarios y revistas de la Cadena Capriles se expresaron invitando a los escritores y periodistas partidarios de las otras candidaturas, a escribir en sus páginas. Años después, Capriles opinó contra ese tipo de alianzas. El Bloque de Prensa se abstuvo de opinar.

Primer Gobierno monopartidista

         Rafael Caldera logra el éxito con sólo el 27% de los votos y un pequeño apoyo constituyente que llega apenas al 22% del Congreso, asambleas legislativas y concejos municipales.

         Contrariamente de estas circunstancias y luego de esfuerzos insuficientes dirigidos a constituir un gobierno de coalición, Rafael Caldera y COPEI concluyeron que debía gobernar solos, convirtiéndose así en el primer  gobierno monopartidista desde 1958. Socorrido en su acreditado personal y en las enormes facultades que la Constitución le concede al presidente de la República, Caldera intenta en los primeros años aminorar esta debilidad mediante alianzas oportunas con otras fracciones parlamentarias. Pero en 1970 se ve en la obligación de llegar a un pacto parlamentario con Acción Democrática para la solución de los asuntos esenciales. De igual forma es un período con grandes problemas de actuación, que pone en evidencia el peso definitivo que puede tener un congreso activo de oposición al instante de gobernar. Se aprenden los costos de la democracia.

         La política exterior es aguda. Caldera reemplaza la denominada “doctrina Betancourt”  por una política de “solidaridad pluralista” latinoamericana, destaca la necesidad de promocionar una “justicia social internacional”, consigue la distención con los países comunistas –incluida cuba- y siembra la representación de Venezuela en el Caribe.

         Suceden hechos significativos en términos de relaciones internacionales, en los que se pueden destacar la nacionalización de la explotación de gas (1971), la ley de Reversión Petrolera (1971), el aumento del impuesto a las compañías y la fijación unilateral de los precios de referencia del petróleo que trae como resultado, en el transcurso de 1973, la abrupta elevación de los precios del barril de crudo de US$ 14, hecho que incurrirá en el rumbo del país en los años que vendrán. En 1971 denuncia el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos. En esta etapa se vence el Acuerdo con Ginebra, firmado en 1966, con lo cual se proyecta de nuevo con urgencia la cuestión limítrofe con la Guayana Esequiba.

          El Gobierno decide entonces firmar el “Protocolo de Puerto España” (1970) mediante el cual se congela la disputa sobre dicha materia durante 12 años. En 1973 Venezuela se integra al Pacto Andino. En cuanto a las líneas primordiales de la política administrativa de Caldera, es apreciable el programa de la Conquista del Sur, enmarcado en su política de ocupación venezolano.

Cultura

         En 1969 se compone el proceso llamado como la Renovación universitaria que pone en tema tanto las nociones educativas como la estructura de gobierno de las universidades públicas.

         Consecutivamente en Caracas y otras ciudades del país nace el Poder Joven, un nuevo movimiento político juvenil en el que se entremezclan los aires contestatarios del hipismo norteamericano y los del movimiento estudiantil el de mayo del 68 en Europa, con las proposiciones contraculturales de la izquierda latinoamericana.

         En 1971 se coloca en escena en el Ateneo de Caracas Tu país está feliz, una obra de teatro que simbolizaba la rebeldía de la época, escrita por Antonio Miranda y dirigida por Carlos Giménez, que alborota a los más conservadores y entusiasmaba a los progresistas, entre otras cosas por la inclusión de “naturales” escenas de desnudos, hasta entonces no vistas en el teatro venezolano. En 1970 se efectúa el Congreso Cultural de Cabimas que congrega a intelectuales y artistas de lo que después se llamó la izquierda cultural venezolana. En este evento se originan manifiestos sobre la relación de creación artística, pensamiento y política que durante años fueron una reseña del mundo cultural venezolano.

     Al contrario, el final de esta etapa es marcada por la prohibición oficial de proyectar en el país El último tango en París, la legendaria película interpretada por Marlon Brando y María Schneider, acto de censura que producirá las más diversas protestas. En 1972, el guitarrista chicano Carlos Santana se presenta en Caracas y Valencia, quien trae consigo el halo mítico de haber participado en el Festival de Woodstock. Con él se inicia en Venezuela la tradición de los conciertos multitudinarios de rock en grandes espacios abiertos.   

Campaña Electoral de 1973

        Los partidos ocupan desde temprano la campaña por la presidencia de la República. Después de ocho años de ausencia, el 23 de mayo del 73 regresa al país Rómulo Betancourt. Es un enigma y mientras no se despeja, se piensa con lógica que si él quiere, será el candidato. Dos meses después, el 20 de julio, niega su intención de regresar el poder. Así se le despeja el camino a Carlos Andrés Pérez, aun cuando Gonzalo Barrios hace ciertas señales, para declinar poco después. Por otra parte, en Copei combaten Lorenzo Fernández y Luis Herrera Campis, imponiéndose el primero: Fernández: 506 votos, Herrera 443 y 21 votos en blanco. Tres partidos crean la Nueva Fuerza: URD, el MPE y el PCV; idean una fórmula novedosa para la elección del candidato: cada partido llevaría 300 militantes a la convención más 300 independientes. Se exhiben las candidaturas de Jóvito Villalba, Jesús Ángel Paz Galarraga y Gustavo Machado. Triunfa Paz Galarraga. Los independientes llevados por URD son considerados “traidores”. Se acaba la Nueva Fuerza: Jóvito es presentado en abril por URD. Poco después, la Cruzada Cívica Nacionalista lanza la candidatura de Marcos Pérez Jiménez, quien es rechazado por el Consejo Supremo Electoral, basándose en la Enmienda Constitucional Nª 1. Luego abundan las candidaturas menores. Después de las elecciones del 9 de diciembre, el presidente Caldera dice: “La paz brilló en el proceso electoral…”.

         Carlos Andrés Pérez obtiene 2.122.427 votos, contra 1.598.929 de Lorenzo Fernández. Paz Galarraga, José Vicente Rangel, Jóvito Villalba, Miguel Ángel Burelli Rivas, Pedro Tinoco, Martín García Villasmil, Germán Borregales, Pedro Segnini La Cruz, Raimundo Verde Rojas y Alberto Solano  se reparten una votación que oscila entre 221.864 votos de Paz Galarraga y los 1.651 de Solano. Carlos Andrés Pérez gana con el lema “Democracia con energía”. Lleva a cabo una campaña dinámica y mediática, con la asesoría del norteamericano Jonh Napolitan.

Hechos resaltantes

1969: El 7 de abril muere en Caracas el novelista y ex presidente de Venezuela Rómulo Gallegos. El 31 de octubre en la considerada y auténtica operación guerra es allanada la Universidad Central de Venezuela

1970: El 27 de enero se inaugura el Hospital del Seguro Social ”Miguel Pérez Carreño”. El 18 de junio los gobiernos de Venezuela, Guyana e Inglaterra firman el acuerdo de Protocolo de Puerto España, por haber sido firmado en esa ciudad de Trinidad.

1971: El 19 de enero disidentes del Partidos Comunista de Venezuela (PCV) fundan el Movimiento al Socialismo (MAS). El 24 de febrero se reabre la Universidad Central de Venezuela, después de la más grande crisis de su historia.

1972: El 31 de agosto se estrena la primera trasmisión de televisión en colores originada en Venezuela. La emisión experimental sale por el Canal 4 y TVN-5. 

Restricciones Gubernamentales

El 1 de octubre de 1971 fue confiscada la edición del vespertino El Mundo, que revelaba un informe confidencial sobre las relaciones con Colombia y eventuales planes de una invasión a nuestro país. También confiscaron la edición de la revista Punto Negro. Allanaron los talleres del diario Crítica, en Maracaibo, y los del decano La Religión, en la creencia de que publicaría el mencionado informe.

Consecutivamente, la materia fue objeto de debate en la Cámara de Diputados durante seis días al término de los cuales el asunto pasó a una comisión.

El viernes 29 de octubre, un Tribunal Militar le dictó auto de detención a Capriles, quien tuvo tiempo para asilarse en la Embajada de Nicaragua. Días más tarde voló a Panamá y a Puerto Rico. El Senado le levantó la inmunidad parlamentaria. Meses después regresó, fue puesto preso unos días, y luego abolido el juicio. En aquél momento indicó que nunca más se metería en política.

También destaca el decomiso de una edición de la revista Reventón, por haber publicado un reportaje sobre el servicio militar obligatorio y la vida en los cuarteles.

A los redactores de la revista, Carlos Ramírez Faría, William Izarra, Enrique Rondón, Pablo Antillano, les abrieron juicios y finalmente dictaron auto de detención a Izarra, quien fue liberado.

En cuanto a la prensa en el interior, continuó el proceso de aparición y consolidación de diarios. Solamente en el año 1973 surgieron El Siglo y El Aragüeño, en Maracay; Diario del Caribe y Sol de Margarita, en Porlamar; El Espacio, en Barinas; Última Hora, en Acarigua; Yaracuy al Día, en San Felipe, donde poco antes había cerrado Porque. En Maturín sale El Sol desde 1970.

La SIP aplaude

Es importante señalar que el Presidente Caldera usó un mecanismo de relación semanal con la prensa, a través de conferencias a periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros. Hubo 226, transmitidas por TV en el espacio “Habla el Presidente”.


A comienzos de agosto de 1973 fue suscrita la “Declaración de Caracas”. En esa oportunidad, la Sociedad Interamericana de Prensa declaró: “El motivo de encontrarnos aquí es porque hemos creído que así como criticamos con mucha energía, con mucha severidad a los gobiernos que faltas a estos principios, era de rigor que nosotros reconociéramos a un país que vive en estos momentos un régimen de libertad y democracia, y que si queríamos firmar un documento de tal trascendencia del que vamos a firmar con la Asociación Interamericana de Radio y Televisión, era lógico que escogiéramos un país donde se disfrute de la libertad de expresión, y ese fue el motivo de que viniéramos a Caracas.”

Gobierno de Carlos Andrés Pérez: 1974 – 1979



Carlos Andrés Pérez, nacido el 27 de octubre del año 1922 en Rubio, estado Táchira. Político de oficio y demócrata practicante. Estudió en el colegio María Inmaculada de los Padres Dominicos y desde muy joven se dedicó a la política en las aulas del liceo Andrés Bello ubicado en la ciudad de Caracas, completado el bachillerato en la rama de filosofía, en el año 1944 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero su temprano compromiso político izquierdista le apartó pronto de las aulas. Fue miembro fundador de la Asociación Juvenil Venezolana y se incorporó al Partido Democrático Nacional,  creado por Rómulo Betancourt (abogado y periodista), para oponerse a la dictadura del general Eleazar López; de esta manera Pérez se convierte secretario privado de Betancourt y es electo diputado a la asamblea legislativa del Táchira para el año 1946. Después del hecho ocurrido que originó el “golpe gorila” contra el presidente constitucional Rómulo Gallegos. Pérez sufre exilios y es encarcelado en Caracas hasta el año 1949.

Con el apoyo de Betancourt, el partido de Acción Democrática reivindicó a Pérez para recuperar el poder en las elecciones del 9 de diciembre de 1973. Así mismo, luego de ser electo como presidente de Venezuela, enérgico, extrovertido y jovial, Pérez desarrolla su programa de gobierno que sintetiza el adelanto de la reversión petrolera (explotar nuestro petróleo anulando concesiones hechas anteriormente a otras compañías con tal propósito), el aumento de los salarios, la auditoría nacional de los institutos autónomos y las empresas del Estado, la construcción de la agricultura y el uso del petróleo como instrumento de política internacional.

Para el año 1974, las inversiones extranjeras son reglamentadas por el gobierno nacional y por el decreto, se prohíben los despidos injustificados de trabajadores. Para el 30 de mayo del mismo año se promulgó el decreto que mantenía la congelación de los precios para los bienes de primera necesidad y el 31, se decretó el reglamento sobre el salario mínimo de los trabajadores y el aumento general de sueldos y salarios vigentes para esa fecha. También se decretó la creación de la biblioteca de Ayacucho que tenía como objetivo recopilar y publicar las más importantes obras del pensamiento latinoamericano, se decidió el aumento de los impuestos a las empresas petroleras en un 3,5% con efecto retroactivo hasta enero de 1975.

En ese sentido, en el año 1975 desde la ciudad de Puerto Ordaz, el presidente de la Republica anunció la nacionalización del hierro, se promulgó extender los beneficios del Seguro Social para prestaciones en dinero por invalidez, incapacidad parcial, vejez, nupcias y muerte. La reunión de la OPEP resuelve un aumento del 10% en los precios del petróleo y la congelación de los mismos por nueve meses; la resolución contó con la decisiva intervención de Venezuela.

Así mismo, para el año 1976 en Cabimas, El presidente constitucional promulga solemnemente la Ley de Nacionalización Petrolera y la nacionalización de la empresa vidriera Owens Illinois. Por su parte, el 23 de abril por intermedio del Banco Central se adoptan medidas monetarias y financieras para detener la inflación: restricción de crédito hipotecario, limitación de plazo para efectos del comercio (misma medida tomada en 1977). Por decreto presidencial, se promulga la Ley Orgánica de Ambiente.

El 7 de abril de 1978 es creada la Empresa Estatal de Carbón. Mientras que, en el año 1979 el Banco Central de Venezuela  informa que la deuda pública, hasta noviembre de 1978 es de Bs. 31.000.000.000 para la externa y Bs. 19.148.000 para la interna.

Finalmente, Privado Pérez por ley del segundo mandato consecutivo, para las elecciones del 3 de diciembre de 1978 Acción democrática eligió candidato a Luis María Piñerúa Ordaz. COPEI presentó a Luis Antonio Herrera Campins, quien acusó al mandatario saliente de despilfarrar la fortuna petrolera y de abonar la corrupción. Prueba de que al electorado no terminaban de parecerle convincentes las políticas de Acción Democrática, Herrera batió a Piñerúa y el 12 de marzo de 1979 recibió los poderes de Pérez.

Cabe destacar que durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se extendió la prensa regional. Los problemas que esos diarios franqueaban a comienzos del período fueron proyectados por la Asociación Venezolana de Periodistas, y semanas después llevadas al Senado. La política que adelantó contribuyó a resolverlos y estimuló el crecimiento de esa prensa.

En este período se fortalecieron los que existían y aparecieron Siglo XXI y Región, en Cumaná; El Vespertino, en Maracaibo; Notitarde, Valencia; El Falconiano, Coro; Correo del Caroní, Puerto Ordaz; Fronteras, Mérida; Diario de la Tarde, Valera; La Tarde, Ciudad Bolívar y Pueblo, San Cristóbal.

Teniendo como referencia el modelo del diario La Opinión, de Buenos Aires, dos periodistas argentinos, Rodolfo Terragno y Tomás Eloy Martínez, dirigieron un tabloide de nuevo tipo, El Diario de Caracas, donde se introdujeron innovaciones en su estilo, en la redacción de las noticias y en su diseño. Quizás fue el primero en Venezuela con un “libro de estilo” apareciendoió en mayo de 1979 y después fue adquirido por el Grupo Phelps (1BC).

El Presidente Pérez mantuvo buenas relaciones con los dueños de los medios, y frecuentemente se reunía con ellos y algunos de sus ejecutivos, aunque existieron momentos de tensiones. Por ejemplo, en diciembre de 1975, dictaminó el decomiso de una edición de la revista Al Margen, del profesor Simón Sáez Mérida.

Dos años después fue decomisada una edición de la revista Resumen, y su editor Jorge Olavarría, preso. En marzo de 1979 le dictaron auto de detención por agravio al Presidente de la República. La revista continuó saliendo con el gobierno de Herrera Campíns y luego desaparece de la escena política-editorial junto con su editor, quien recibió un crédito estatal para la explotación agropecuaria.


Juicios militares se abrieron contra Irma Barreto y contra Doris Francia, a esta última por una editorial del periódico Ruptura, acusada de incitación a la rebelión militar, y condenada a varios años de prisión.

Gobierno de Luis Herrera Campins: 1979 – 1984

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Luis Herrera Campins nace en Acarigua Estado Portuguesa el 4 de mayo de 1925, fue un dirigente político socialcristiano, abogado, periodista, historiador y político; culmina su bachillerato en el colegio La Salle de Barquisimeto, ejercita el periodismo político desde muy temprana edad; al tiempo que prosigue sus estudios universitarios en la Universidad Central de Venezuela, alcanzó participar en el Diario El Impulso, en Surcos y en el Semanario de la Unión Nacional Estudiantil (UNE), semanario COPEI y en el diario El Gráfico. Estuvo preso por la publicación de un suelto de prensa, calificado de irrespetuoso por la Junta Militar que había suplantado al gobierno de Rómulo Gallegos. Puesto en libertad, participó en la huelga universitaria de 1952, lo que le valió el exilio.

Posteriormente es postulado por COPEI a la presidencia de la República para las elecciones de 1978, en las que resulta vencedor, desempeñándose como Jefe de Estado para el período 1979-1984.

La presencia de un político y periodista en el poder dictaminaría cómo fue la posición de la prensa en las elecciones presidenciales.

La relación prensa-partidos fue cambiando a partir de 1968, cuando se produjo el acuerdo Cadena Capriles-COPEI. En la siguiente elección la alianza fue Bloque de Armas-AD. En el Congreso empezaron a aparecer en cada período legislativo un número creciente de parlamentarios editores, incluidos propietarios de la prensa regional. “Son medios que se desprenden de cierta cuota de su necesaria independencia para informar sobre las elecciones, sobre la gestión de gobierno, la actividad política, los hechos de corrupción, y en algunos casos devienen instrumentos de intereses partidistas”.

El presidente Herrera dijo en 1979, en el coloquio “La libertard de prensa, ¿una realidad o una ilusión?”, coauspiciado por la Fundación Neumann y la Universidad de Marquette, que “… en Venezuela, los propietarios de los medios determinan de antemano lo que debe ocurrir en el día y pautan a sus periodistas para que encuentren datos que corroboren la información. En efecto, en Venezuela existe más libertad de empresa que de información”.

Para la época comenzaba el deterioro de los partidos políticos y del movimiento sindical. Éstos casi no tenían órganos periodísticos, y su capacidad de comunicación con la sociedad se debilitaba. Cada vez dependían más de los propietarios de los medios de comunicación para mostrarse al país.

En 1981, hubo un juicio de especial interés para la prensa y el periodismo. Había sido abierto por un Tribunal Militar contra la periodista María Eugenia Díaz, de El Diario de Caracas, por el aparente delito de revelar secretos militares. Ella había informado sobre la consumación de unos juegos de guerra en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, y le dictaron auto de detención. La defensa, a cargo de Rafael Naranjo Ostty, Carlos Landaeta Arizaleta, Beltrán Haddad Ch. y Antonio Rodríguez Arizaleta planteó el conflicto de competencia. Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de diciembre de 1981, declaró que la materia era competencia de los tribunales civiles, donde poco después hubo sentencia absolutoria. Hasta entonces, habían sido costumbre decidir en favor de la jurisdicción militar.

Entre expedientes abiertos en el Ministerio de Relaciones Interiores a periodistas de izquierda, en febrero de 1982 hubo ataques y contraataques de dos editores menores, Rafael Poleo de la revista Zeta, a quien se acusaba de estar al servicio de la Organización Cisneros y a Jorge Olavarría, de la revista Resumen, y se le imputaba de ser instrumento del Grupo Phelps.

Cuando terminaba el período de gobierno, por Resolución del gobernador del Distrito Federal, Rodolfo J. Cárdenas, se ordenó el arresto por 15 días de Jorge Olavarría, Amable Rosales y Rafael Poleo, directores de Resumen, Auténtico y Zeta, porque “ofenden gravemente, la una a la imagen del Padre Libertador Simón Bolívar y, las otras, la dignidad, decoro, tanto del ciudadano Presidente de la República, primera autoridad civil y política del Distrito Federal, como la de las Fuerzas Armadas”.

Por su parte la prensa del interior continuó su desarrollo. En ese período surgieron once nuevos periódicos; en Barinas 2; Bolívar 2; en Anzoátegui, Carabobo, Guárico, Monagas, Miranda, uno en cada estado; y Zulia 2, pero estos últimos, El Zuliano y La Noticia, no permanecieron.

El gobierno presidido para el año 1979 estuvo colmada de aspectos controversiales que siguen dando que hablar hoy en día. La política económica de ese quinquenio adquirió un balance desacertado y generó en efecto una fuerte fuga de capitales que no logró ser frenada a tiempo, siendo tratada con la ganancia de enaltecidas garantías externas, mayormente de rápido vencimiento, que aumentaron la deuda pública.

Su gobierno comprendió una época significativa debido a la fuga de capitales y el endeudamiento los cuales fueron resonantes de una fuerte devaluación ocurrida tras el famoso “Viernes Negro”, nombre con el cual se apodó el 18 de febrero de 1983, por la crisis económica que sucedió durante su gestión. Para esta fecha, el presidente provisional impuso una serie de medidas económicas que envolvían la restricción a la salida de dividas y la devaluación de la moneda. De esta manera, el llamado “Viernes Negro” marca una característica simbólica en la economía venezolana, pues el país desmantela la solvencia de su moneda para iniciar un proceso de devaluación creciente.

El presidente esbozó un programa de gobierno señalando como asuntos prioritarios: el desarrollo de la agricultura y de la industria; la dedicación especial a la educación, desde la enseñanza primaria hasta la científica y tecnológica. Así mismo, existieron también aspectos positivos en el gobierno constitucional que quedan solapados por la mala política económica y que es necesario citar para tener una visión equilibrada de aquel momento.

Durante la gestión del presidente Herrera Campins, se revelan hechos importantes, como lo son: el anuncio del presidente de una reforma educativa, consistente en la implantación de un Ciclo Básico Común de 9 años; la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de aumento de sueldos y salarios; decreta la Ley tutelar de menores y la Ley del programa de Contratación y Financiamiento del Metro de Caracas; la realización del XI Censo Nacional de Población; el magistrado anuncia el propósito de crear un bono alimenticio de Bs 100 para beneficiar asalariados con ingresos no mayores de Bs. 1.500 mensuales; anuncia en relación con una serie de medidas económicas, implementadas para cubrir la brecha fiscal que se produce por la reducción de las exportaciones de petróleo, figurando entre dichas medidas, el aumento del precio de la gasolina, el aumento del impuesto de salida del país y la prohibición por un año, de la importación de ropa y calzado para caballeros. Posteriormente, como resultado de la caída de los precios del petróleo, su gobierno optó por establecer el control de cambio y devaluación del bolívar frente al dólar sin poder frenar la fuga de miles de millones de divisas que fueron a engrosar los depósitos de bancos extranjeros, y a servir los intereses de los países desarrollados, privando al nuestro de los recursos necesarios para su desarrollo; también, se inaugura el primer tramo del Metro de Caracas entre las estaciones de Propatria, Chacaito y el complejo cultural Teresa Carreño, y la denuncia pública sobre hechos de corrupción administrativa realizada por un grupo de miembros de la alta gerencia del sector industrial petrolero. La liberación de precios trajo como consecuencia inmediata el alza incontrolada de los mismos. La competencia que se buscaba entre los productos no se dio por el carácter oligopólico de nuestra economía, donde un reducido grupo de empresas satisfacen la demanda, fijan los precios y se aseguran altos márgenes de ganancias.

Partiendo de su labor periodística, Luis Herrera Campins reflejó su interés en todo lo relacionado con materia comunicacional, por ello, ofreció al pueblo venezolano aspectos relevantes que más adelante alcanzó triunfante. Todo este conjunto de promesas ofrecidas, al calor de una campaña electoral, fueron completadas en forma de políticas a ser seguidas por su gobierno. Con respecto a la utilización de Medios de Comunicación Social y educación, en una consideración rápida, dichos proyectos son de carácter general, sin que se precise el patrocinio de una normatividad en la relación entre el sector de la comunicación y el de la educación y la cultura. Igualmente, en cuanto a la utilización de los medios privados para los fines que se plantea conseguir en educación y cultura, todo se somete a un llamado a la contribución de la empresa privada, evitando todo escenario conflictivo con dicho sector.

Así mismo, entre los aspectos más importantes que acentúa y promulga, destacan:

·         Promover el derecho de informar y ser informado.
·         Los medios estatales se convertirán en factores de promoción de la participación organizada, en canales de animación cultural.
·         Promover la formación de pequeñas y medianas empresas periodísticas que sirvan de canalización de los intereses de las comunidades locales.
·         Promulgar los reglamentos de radio y televisión.
·         Establecer una política de otorgamiento de permisos de frecuencia Modulada (FM).
·         Crear un Taller Nacional de Radio y Televisión.
·         Promover la aprobación de la Ley Nacional de Cine.
·         Dar apoyo a las investigaciones sobre el sector.
·         Fomentar la comunicación rural mediante una estrategia comunicacional.
·         Otorgar concesiones para que las Universidades con Escuelas de Comunicación Social, instalen estaciones experimentales de Radio y Televisión.

Partiendo de dichos aspectos, Herrera Campins desempeña en su legado lo siguiente:

Año 1979:

·         Se escoge un equipo participativo para realizar estudios que permitan determinar el sistema de televisión a color que resulte más conveniente.
·         Se designa un equipo de trabajo para realizar estudios sobre la situación actual del cine nacional, su desarrollo y las medidas a tomar para su impulso y la normativa legal que actualmente lo rige.
·         Reglamento para la transmisión de programas en colores por las televisoras.

Año 1980:

·         Las estaciones de tv sólo podrán transmitir programas educativos, culturales, informativos, deportivos y recreativos. Restringido el horario de la publicidad de licores y cigarrillos.
·         El tiempo de publicidad comercial y promoción no debe exceder 15 minutos por hora.
·         Normas para el otorgamiento anual del premio nacional de periodismo.
·         Normas que regulan el horario y contenido de las transmisiones por televisión.
·         Se crea el “Premio Anual de Periodismo energético y minero”
·         Normas que regulan las transmisiones de televisión
·         Prohibición, a partir del 10 de enero de 1981, la transmisión por TV de la publicidad que induzca al consumo de cigarrillos.

Año 1981:

·         El ministerio de Fomento propiciará la creación del Fondo de Fomento cinematográfico para estimular la producción de cine nacional.
·         Se prohíbe a partir la publicidad de cigarrillos por radio.
·         Se prohíbe la transmisión de publicidad de bebidas alcohólicas a través de radio o TV.

Año 1982: 

·         Las estaciones de radio deberán transmitir el himno de su respectivo estado.
·         Normas para la comercialización de obras cinematográficas.
·         Normas que regulan las transmisiones que se realizan a través de las televisoras.
·         Así mismo, para Herrera Campins en Venezuela existe un fenómeno peculiar, y es el dominio de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa a nivel global, partiendo de un producto absoluto y dominante como lo son estos, permitiendo de igual manera el manejo y control para llevar a cabo una enseñanza significativa que contribuya con los valores y principios de los venezolanos, así mismo, reflejando el trabajo colectivo de los miembros para un alcancé de los objetivos planteados.

Por otra parte, cabe destacar que el gobierno constitucional de Campins en el plano internacional, éste se presentó como un abanderado de los planteamientos del llamado Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación (NOMIC) a través de su asistencia a eventos de carácter mundial, en donde se formularan distintos lineamientos. Esta presencia venezolana se puso de relieve en los pronunciamientos teóricos y en un conjunto de acciones que condujeron al fortalecimiento de los sistemas de comunicación tanto para la integración regional latinoamericana como para la integración Tercer Mundista. Así mismo, Venezuela asiste a la reunión de ministros de Información del Pacto Andino (Ecuador-Quito) y a la conferencia general de UNESCO, donde Venezuela mantuvo su posición por un Nuevo Orden de la Información y de la Comunicación.


Finalmente, la presidencia otorgada por el acariguence, ha reflejado controversia en la población venezolana, puesto que mantuvo un balance de aspectos negativos como positivos. Posteriormente, se realizan elecciones para la presidencia de la República y los representantes del Congreso, con la proclamación por el  Consejo Supremo Electoral del Presidente electo Jaime Lusinchi. En razón a la enmienda número 2 de la constitución del año 1961, fue adelantado la transmisión del mando presidencial y por tal motivo, el presidente Luis Antonio Herrera Campins hizo entrega del gobierno ante el Congreso Nacional el 02 de febrero de 1984.

Gobierno de Jaime Lusinchi: 2 de Febrero de 1984 – 2 de Febrero de 1989



Jaime Lusinchi, nace en Anzoátegui el 27 de mayo de 1924, fue presidente durante el periodo 1984-1989, bajo el lema de un gobierno de sensibilidad social Jaime Lusinchi es electo presidente de Venezuela con el 56,72% de los votos, se destaca las relaciones extramaritales con su secretaria privada Blanca Ibáñez el cual provoca una denuncia en los medios trayendo todo esto un gran escándalo y allí el papel fundamental que desempeñaron los medios de comunicación en su gobierno, ya que se ejerce presiones para silenciarlos con respecto a ciertas informaciones que incomodaban al presidente, hubo chantajes en la entrega de dólares, régimen cambiario diferencial RECADI que requerían los medios para la compra de materiales, y en 1986 suspende el programa Primer Plano de Marcel Granier y dos columnas de José Vicente Rangel y Alfredo Torres, también fueron denunciados El Nacional, al director del Religión en Cumaná le dieron una golpiza y al diario El Vigilante de Mérida le lanzaron una bomba, ocurriendo todos estos escenarios por el escándalo de su divorcio y otros.

         Una excelente propaganda electoral, basada en el lema “Jaime es como tú”, logró la victoria impetuosa de Jaime Lusinchi, ya que el 56% de los electores se sintieron identificados por su candidatura. Ningún gobierno de la democracia definida había logrado tanto apoyo popular. A esto se agregaba el control del Congreso Nacional con casi 50% de los parlamentarios, y de los municipios con 66%.

         Esta época se conoce como la “aplanadora adeca”, el gobierno depuso a una serie de altos funcionarios del Banco Central, PDVSA, entre otros, suspendió los pactos asociativos con COPEI, condicionó la libertad de información mediante el control de cambio al impedir la libre adquisición de costos para la industria de la información y llegó a ordenar palizas y otras represalias contra articulistas y periodistas que criticaban las prácticas del entorno presidencial.

     También se cometieron las masacres de campesinos en Cantaura, Yumare y El Amparo, a manos de grupos militares. Aún así, la imagen positiva que el nuevo presidente había alcanzado forjar durante su campaña electoral pudo mantenerse durante gran parte de su gobierno, gracias a una diestra propaganda oficialista y también con medidas como el bono de transporte para los trabajadores de menor ingreso, la multiplicación de comedores, becas para escolares y atención escolar.

       Se destaca la reducción del gasto público, la reestructuración de la Administración pública, el inicio de un proceso de privatización de algunas empresas estatales deficitarias, la diversificación económica mediante créditos para el desarrollo agrícola y para la modernización industrial, pero no pasaron de ser solo anuncios.

         Se concretó la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), que durante varios años y con amplias consultas, estableció los lineamientos para “un Estado moderno, democrático y eficiente, con participación ciudadana”. Unas pocas reformas empezaron a aplicarse, pero de manera muy dosificada ya que los partidos se rehusaron a perder sus privilegios. Iba ensanchándose así una brecha irreparable entre la sociedad civil y la llamada “partidocracia”.

        Tras firmar un refinanciamiento de la deuda externa dañoso para la Nación, Jaime Lusinchi trató de justificarte aduciendo que había sido “engañado por la banca”. A esto se agregó la demanda de divorcio planteada por su esposa, Gladys Castillo, la abierta injerencia de Blanca Ibañez (su secretaria privada y posterior esposa) en los asuntos del gobierno, todo lo cual contribuyó a deteriorar la imagen positiva tan costosamente cultivada.

         Desviando la atención de la opinión pública, empezaron a filtrarse en los medios de comunicación revelaciones acerca de las numerosas prácticas de corrupción del gobierno anterior. También se aprovechó cierta efervescencia anticolombiana.

         Lusinchi había iniciado su gobierno pidiendo al pueblo que no lo dejara ser “un pobre presidente solitario”. Al final de su mandato, subsistían los mismos problemas: crisis fiscal, deuda externa acumulándose, corrupción administrativa desembozada, crisis agrícola, colapso de los servicios públicos e incesante aumento de los niveles de pobreza.

Desde la dictadura de Pérez Jiménez nunca se restringió tanto la libertard de informar y de opinar como durante el gobierno de Lusinchi.

Con excepciones, no se utilizaron métodos violentos ni represivos. Pero, el 16 de septiembre de 1987 fue decomisada “por personas desconocidas” la edición del confidencial Reporte Privado.

Desde los altos niveles del poder se ejercieron presiones sobre los medios para silenciarlos con respecto a diversas cuestiones que incomodaban al Presidente de la República y a su más íntimo entorno. Estas presiones fueron posibles mediante el chantaje. De este modo, el gobierno administraba la entrega de dólares a través del Régimen de Cambios Diferencial (RECADI), que requerían los medios de comunicación para adquirir en el exterior insumos, como el papel, tinta, películas, y maquinarías y equipos. Comprar con dólares libres elevaba en un 100% los precios.

(…) es el instrumento de control de la sociedad más poderoso de que ha dispuesto ningún gobierno. Ni la dictadura de Juan Vicente Gómez llegó en sus tiempos más negros a disponer de la décima parte de poder que representa el régimen de cambio diferencial.

(Marcel Granier, El Diario de Caracas, 10 septiembre 1987)

También las humillaciones que recibía la primera dama, la doctora Gladys Castillo de Lusinchi, y todo lo relacionado con el divorcio, no podían ser divulgados, lo que generó la clandestina circulación de fotocopias de documentos del juicio y de publicaciones extranjeras que se ocupaban del tema.

El Universal, en editorial de “Amadis” (Dr. Luis Teófilo Núñez) del 12 de noviembre de 1987 opinó que “Nos encontramos en uno de esos momentos difíciles de nuestra vida periodística y nos preguntamos ¿Abrimos las compuertas a los chimes de palacio con el gran dato que ello puede causar a la nación? o ¿nos abstenemos de ello corriendo el riesgo de aparecer intimidados?” y respondió: “Nuestra responsabilidad  con el país nos aconseja lo segundo, la que tenemos con nuestros lectores nos obliga a la primera”, y optó por la segunda. Un día después, el director de El Nacional, Alberto Quirós Corradi, refutó tales planteamientos (“Nadie tiene derecho exclusivo a definir el interés nacional”) y propuso un debate “sobre si los propios medios deben silenciar información porque ésta pueda colidir con el interés nacional”, debate que murió de nacer. N. Arismendi no aceptó el reto.

Entre mayo y octubre de 1988 el editor José Agustín Catalá con su sello de El Centauro hizo circular tres volúmenes bajo el título de EL DIVORCIO DEL PRESIDENTE con el siguiente contenido:

1.- Sentencia en Primera Instancia.
2.- Graves denuncias de la Primera Dama.
3.- Recurso de Casación de la demanda.

En la presentación se escribe: “Rodeado de la más absoluta confidencialidad y del más misterioso silencio, este proceso fue conocido en Venezuela por el comentario miedoso, el rumor y las copias subrepticias de las demandas, hechas de prisa con la complicidad de las fotocopiadoras. El país, en su mayoría, participó en aquel juego de clandestinaje, donde daba la impresión de estar viviendo la época de terror de la última dictadura.

Desde el 18 de diciembre de 1986 en que data el escrito inicial invocando la larga ruptura de la vida en común, y la solicitud de un fiscal del Ministerio Público solicitando dar por terminado el procedimiento de divorcio por el artículo 185-A del Código Civil y archivar el expediente, a ese primer intento de disolución absoluta del vínculo matrimonial se agregaron ingredientes extraños, de carácter político y supuestamente moral, que tergiversaron la verdad procesal.

Para romper con ese velo de misterio que rodeó las incidencias, el editor recogió documentos con la posición de ambas partes, a excepción de las manifestaciones de respetables sectores conservadores de la sociedad, y del clero, que durante todo el proceso mantuvieron un silencio complaciente ante los altares palaciegos y sus oficiantes”.

En mayo de 1985, 16 editores de prensa regional denunciaron en la Cámara de Diputados presiones de Corpoindustria para el suministro de papel, en octubre fueron decomisadas revistas que escribieron verdades sobre la visita del Presidente Lusinchi a Madrid que no dijeron los cables ni la prensa venezolana; en junio de 1986, fue suspendido el programa de TV “Primer Plano”, y dos columnistas de El Diario de Caracas, José Vicente Rangel y Alfredo Tarre Murzi debieron parar sus colaboraciones; en febrero de 1987, Lusinchi anunció la presentación al Congreso de un proyecto de ley “para proteger el honor, la reputación y vida privada”, que sólo tuvo el apoyo del editor de El Universal, Dr. Luis Teófilo Núñez Arismendi el 26 febrero 1987; Carlos A. Ball, quien había sido director general de El Diario de Caracas, denunció El Nacional, 3 de agosto de 1987, el editor del diario La Región, de Cumaná, Luis Marcano Barrios, denunció ante la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, la suspensión de la pauta publicitaria del gobierno del estado Sucre, el estallido de dos bombas en el taller del diario, y una golpiza que le dieron a él, por informar sobre el divorcio del Presidente; circula, fechada el 16 de octubre de 1987, comunicación de la Juez María José de Villarroel impidieron a la prensa que informara del mencionado juicio; el 10 de noviembre, la esposa del presidente de la República, ofreció una rueda de prensa a la que asistieron 73 periodistas de unos 40 medios pero sólo El Nacional, Panorama y El Impulso informaron; el 20 de agosto de 1988 fue lanzada una bomba contra el local del diario El Vigilante, de Mérida, que el día antes había publicado un editorial sobre las relaciones del Presidente con su secretaria privada, acto del cual la policía no averiguó nada; al diario El Expreso, de Ciudad Bolívar le suspendieron las pautas publicitarias de la Corporación Venezolana de Guayana, en castigo por informaciones sobre corrupción.

Ningún medio se atrevía a revelar esta situación. Después de presiones directas, The Washington Post el 10 de junio 1986 recogió la versión de Peter Bottome, ejecutivo del Grupo Phels, propietario de El Diario  de Caracas y del Canal 2. Solo El Mundo el 14 de junio de 1986 en Caracas, reprodujo esa denuncia.

El Nacional, que también se había privado el informar sobre los temas que incomodaban al gobierno, dispuso enfrentar la situación con todos los riesgos ofreciendo la verdad que se estaba ocultando y seguidamente sufrió las consecuencias, es decir, sus solicitudes de dólares para adquirir papel se retrasaban exorbitantemente, y hubo días en que dependió de otros editores para obtener papel. El presidente del Bloque de Prensa, David Natera, alertó el 15 de junio de 1987 en el programa de TV “En Confianza”, que la situación de El Nacional era muy crítica, y que colapsaría en septiembre si no atendías sus gestiones de dólares para importar papel, y al día siguiente, entrevistado por Nelson Bocaranda en el canal 4, dijo que “un uso irracional de la discrecionalidad que tiene el gobierno para otorgar los dólares a los periódicos, constituiría una acción directa represiva contra la libertad de expresión”, y recordó que el 90% de los insumos de la prensa son importados.

Miguel Henrique Otero, coeditor de ese diario, llevó el caso a la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el 11 de octubre de 1988, reunida en Salt Lake City, junto a otras actuaciones contra la prensa: “El suministro de divisas para la adquisición de papel de prensa, sigue siendo utilizado como mecanismo de presión por parte del Ejecutivo Nacional. En la medida que el gobierno considera que la línea editorial no es lo suficientemente amable a las versiones oficiales, en esa medida la obtención de divisas para la compra de papel en el exterior se dificulta por diversas vías.”

El 1 de octubre de 1988, El Nacional publicó el texto de la denuncia; el 12 se declaró en ese diario que “nunca desde la época de la dictadura de Pérez Jiménez se atropelló tanto la libertad de informar”, y se criticó el silencio del Bloque de Prensa, de las Cámaras de Radio y de TV, y del Colegio Nacional de Periodistas. 5 años después la secretaria general del Bloque de Prensa, Luisa Sanz de Chiossone, reconoció que RECADI representó “cinco años de terror para el periodismo y los medios… Lo de RECADI fue manejado peor que una dictadura…” en La libertad de expresión en Venezuela, coordinación de Luis Moreno Gómez, edición multigrafiada, Caracas, septiembre, 1993.

A ese diario también se le quitaron las páginas de avisos de RECADI, que significan un volumen importante de ingresos por publicidad. Esa política no se detuvo mientras estuvo el Dr. Jaime Lusinchi en la Presidencia, lo que afectó a otros medios, como el Canal 2, cuyo programa “Primer Plano” salió del aire, y a la radio, cuyo programa diario de la Cámara que agrupa a los radiodifusores, fue prohibido.

Algunos medios estuvieron favorecidos por adquirir equipos o papel, y según informó el editor de El Nacional, Franklin White, hubo otro que recibió “dólares preferenciales por encima de su presupuesto en el mismo período.”

Luego se denunció que un editor había puesto a la venta papel que le había sobrado del adquirido en ventajosas condiciones. La mayoría de la prensa guardó silencio frente a estas presiones y restricciones. Incluyendo quien las negó.

Un editorial de Rafael Poleo, editor-director de El Nuevo País, al día siguiente de una marcha de periodistas (CNP, DF y SNTP) contra la censura y la por la libertad de prensa afirmó: “La verdad es que hasta ahora, salvo las protestas, legítimas o no, de funcionarios afectados por alguna publicación, y alguna rabieta presidencial que siempre se ha canalizado por la vía jurídica, no tenemos en los últimos años qué lamentar en la materia que se trata. Eso lo sabe la gente, que por algo mira marchar, pero no marcha”. 24 de enero de 1988.

Nunca se provocó una reprobación del Bloque de Prensa, ni de las Cámaras de TV y de Radio. Guardaron un silencio cómplice. La SIP aprobó varias condenatorias en 1986, 1987 y 1988, casi siempre acompañadas de sus habituales críticas a la colegiación de los periodistas. Todo a pesar de que, ha sido la época de más presiones sobre los medios. Tony Bianchi, director de The Daily Journal, escribió en un artículo: “Sin duda alguna, el peor período para la libertad de expresión en Venezuela en los últimos 10 años se dio durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Utilizando el arma de otorgamiento de dólares a una tasa preferencial para la adquisición del papel periódico en el exterior, el gobierno de Lusinchi llegó a controlar casi por completo la información periodística en Venezuela.”

En ese quinquenio aparecieron dos nuevos diarios en Caracas y 16 en el interior, algunos que por razones políticas fueron ayudados desde el gobierno, que en ese período entregó 636 millones de dólares, incluidos 225 a los diarios del interior; pero la prensa en esos años vivió bajo la sombra de RECADI, obligada a silenciar hechos de corrupción y atropellos, sobre los cuales los lectores, el país, debían estar informados. Desde los años de la reconquista de la democracia, desde el período de su protección ante las intimidaciones golpistas o de la insurgencia de la izquierda, hasta el más reciente de su deterioro, estos cinco años fueron los peores vividos por la prensa.